El Sistema de Naciones Unidas en Colombia alerta sobre falsas comunicaciones transmitidas a través de correo electrónico, sitios web, cadenas de mensajes por whatsapp, con los cuales personas malintencionadas ofrecen dinero, donaciones, ofertas, premios; exigen consignaciones, información bancaria y personal, supuestamente otorgadas o requeridas por alguna agencia de la ONU, por sus funcionarios o con su colaboración.
Por tanto, nos permitimos informar y aclarar que las Naciones Unidas no solicitan datos sobre cuentas bancarias ni cualquier otro tipo de información personal; no ofrecen premios, galardones, fondos, certificados, becas o rifas. Tampoco solicita cobros en ninguna etapa de los procesos de contratación (aplicaciones, entrevistas, procesamiento, formación, visas, u otros conceptos).
Alertamos a las personas a que actúen con extrema cautela frente a estos ofrecimientos y a que confirme la información contactándonos por medio de nuestros canales oficiales de información que podrán encontrar en nuestra página web. En apego nuestros principios y mandato, la ONU reitera a la ciudadanía su compromiso con velar por la no-vulneración de sus derechos y de operar al servicio de Colombia con total transparencia.
Entre las entidades que falsamente afirman estar relacionadas con las Naciones Unidas se encuentran:
“United Analyze”
El “Programa Nacional de Concienciación sobre el VIH/SIDA” “National Awareness Program on HIV/AIDS” y el programa de “Asociación Mutua” “Mutual Partnership”
La “Organización Gubernamental Internacional” “International Governmental Organization” falsamente relacionada con el ACNUR y la UNESCO
La “Lotería de las Naciones Unidas” (“United Nations Lottery”)
Agencia financiera de la ONU “UN Swissindo”
La “Dependencia de Lucha contra el Terrorismo y el Blanqueo de Dinero de las Naciones Unidas” (“United Nations Organization Anti-Terrorism/Money Laundering Unit”),
Órdenes stop de las Naciones Unidas” (“United Nations Stop Orders”)
International organization chaplain’s word association pro defenders of human rights
Asociación mundial de capellanes pro derechos humanos
En medio de la pandemia de COVID-19, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto a más de 150 agencias y ONGs, solicitan 1440 millones de dólares para asistir a muchos de los 5,4 millones de venezolanos que han salido de su país y ahora viven en 17 países de la región.
“Con la pandemia, nos quedamos sin empleo y pasamos muchas necesidades. Vivíamos muy mal. La cuarentena nos agarró muy fuerte”, cuenta una mujer venezolana que llegó hace un año a Colombia.
Gracias a una de las organizaciones que trabajan con la ONU ha logrado salir de la pensión donde se encontraban. “Hace dos meses estamos en un apartamentico mejor y nos ayudaron a salir del pagadiario donde estábamos”.
La situación difícil de esta madre venezolana es la misma que han tenido que enfrentar millones de sus compatriotas refugiados y migrantes en América Latina, a quienes el COVID-19 les ha hecho el camino aún más difícil cuando ya luchaban contra otros obstáculos
“Se dice a menudo que el coronavirus no discrimina, pero la realidad es que la pandemia si discrimina. Las poblaciones de escasos recursos y minorías étnicas han sido afectadas de manera desproporcionada. A nivel mundial, América Latina y el Caribe con menos del 10% de la población del planeta, representa un tercio de todas las muertes relacionadas con Covid-19”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, durante el lanzamiento del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos 2021.
Grandi explicó que para los 4,6 millones de refugiados y migrantes venezolanos que ya de por sí se encuentran entre los más vulnerables, la pandemia constituye una amenaza adicional.
“El Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021que estamos presentando hoy responde a la necesidad de estas personas y comunidades, que incluye salud física y el bienestar psicológico que han sido impactados directamente por el COVID-19, pero también el aspecto humanitario de ayuda y la integración social”, dijo.
El Plan Regional, lanzado por la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados requiere de 1440 millones de dólares para apoyar a los venezolanos vulnerables y responder a sus crecientes necesidades en 17 países de América Latina y el Caribe.
OPS/Karen González Desde el principio de la pandemia de COVID-19, los migrantes y refugiados venezolanos afrontan muchos desafíos, entre ellos la educación de sus hijos.
El reto
La aparición del coronavirus también ha puesto a prueba las capacidades nacionales y locales en toda la región. Muchas comunidades de acogida enfrentan ahora un sinnúmero de nuevos desafíos que empeoran sus ya precarias condiciones.
Los confinamientos, la pérdida de medios de vida y el empobrecimiento están obligando a muchas personas a depender cada vez más de la asistencia humanitaria de emergencia para sus necesidades de salud, alojamiento, alimentación, protección y educación. El impacto de la pandemia también está provocando un drástico aumento de la violencia de género y las necesidades de salud mental, la inseguridad alimentaria, la desnutrición e incidentes de estigmatización.
Además, las crecientes tasas de desalojos también están dejando a muchas personas sin hogar y dependientes del alojamiento temporal proporcionado por las organizaciones humanitarias.
Para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que viven en situaciones de irregularidad, la lucha por acceder a los derechos básicos es aún más aguda.
“Las restricciones de movilidad y las prolongadas pero necesarias medidas de confinamiento han tenido un impacto negativo en la capacidad de las personas refugiadas y migrantes para mantener sus medios de vida y el acceso a bienes y servicios básicos. Muchas personas han perdido sus medios de vida y al mismo tiempo no están incluidas sistemáticamente en los planes de asistencia social que se han establecido para las poblaciones locales”, aseguró Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.
OPS /Karen González Abril Una familia de migrantes venezolanos en la Guajira, Colombia, durante la pandemia de COVID-19.
Incluyendo a los migrantes
La terrible situación ha llevado a algunas personas a considerar regresar a Venezuela, a menudo en condiciones inseguras, lo que genera riesgos adicionales de protección y salud. Al mismo tiempo, la cantidad de personas venezolanas que continúan saliendo de su país también ha aumentado en las últimas semanas a medida que se relajan las medidas de confinamiento y las condiciones continúan deteriorándose.
Mientras las fronteras permanecen cerradas, estos movimientos tienen lugar principalmente a través de cruces fronterizos irregulares, lo que expone a las personas refugiadas y migrantes a peligros y grandes riesgos de abuso físico y sexual, discriminación, así como a explotación y trata.
A pesar de los desafíos, ha habido ejemplos alentadores en toda la región de países de acogida que trabajan para garantizar la inclusión de las personas refugiadas y migrantes en las respuestas nacionales a la pandemia, al igual que a sus ciudadanos, aseguran las agencias de la ONU
Las personas refugiadas y migrantes también están apoyando estas respuestas, y algunas se desempeñan en primera línea como trabajadores de la salud o difunden información dentro de sus comunidades.
“El plan de respuesta presentado requiere del compromiso continuo y creciente de la comunidad internacional y del sector privado para responder a esta crisis. Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida requieren más que nunca de nuestro apoyo colectivo; tanto por la urgente asistencia humanitaria para salvar vidas, como también para acompañar el desarrollo que permita apoyar a las comunidades locales y lograr soluciones sostenibles”, agregó Stein.
El Plan busca fortalecer aún más las respuestas nacionales y regionales de los gobiernos de acogida mediante el apoyo a las intervenciones de salud, alojamiento, alimentación, agua, saneamiento e higiene, así como el acceso a la educación, la protección y la integración donde sse requiere asistencia y experiencia específicas, o donde las propias capacidades de respuesta de los gobiernos se ven desbordadas.
La iniciativa reúne a 158 organizaciones involucradas en la respuesta, incluidas agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, la sociedad civil, organizaciones religiosas y el Movimiento de la Cruz Roja.
