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Detener las masacres en Colombia es fundamental para cumplir la promesa del Acuerdo de Paz

  • Posted by: ONU Colombia

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha verificado al menos 42 masacres en 2020, así como medio centenar de homicidios a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, incluidos indígenas y mujeres. Los miembros del Consejo de Seguridad se reunieron este miércoles y expresaron su preocupación por la violencia, así como reiteraron su compromiso de apoyo al Gobierno y a la Misión de Verificación de la ONU.

 

“Encontrar formas de detener la violencia es fundamental para cumplir la promesa del Acuerdo de Paz”, aseguró este miércoles el jefe de la Misión de la Verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad.

Carlos Ruiz Massieu expresó que a pesar de que los excombatientes y el Gobierno continúan comprometidos con la paz, en algunas zonas otros actores continúan ejerciendo violencia.

“Las recientes masacres son un doloroso recordatorio de cómo civiles inocentes, incluidos jóvenes, son víctimas de estos grupos”, expresó el representante del Secretario General, y agregó que “sigue siendo necesario finalizar e implementar la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, organizaciones criminales y sus redes de apoyo”.

Massieu presentó el informe de António Guterres publicado a comienzos de mes, y en el que se detalla que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU ha verificado 42 masacres en 2020 y está estudiando otros 13 incidentes más.

El equipo de Michelle Bachelet en Colombia además ha comprobado 48 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, incluidos nueve de comunidades étnicas y cinco de mujeres.

De acuerdo con el informe, estos crímenes ocurren principalmente en zonas con escasa presencia estatal, altos niveles de pobreza, economías ilícitas y disputas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

Varias de las áreas donde ocurrieron estos crímenes fueron objeto de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, por lo cual el Secretario General instó a todos los actores a  trabajar de manera coordinada, a fin de responder a los riesgos identificados por esa entidad y actuar sobre sus recomendaciones.

“Aprovecho la oportunidad para reiterar el llamado del Secretario General a un cese al fuego mundial que permita que todos los esfuerzos sean para aliviar pandemia. La reducción de violencia en zonas afectadas por conflicto es aún más importante en el contexto de esta crisis”, aseguró Massieu.

Los enfrentamientos armados han causado que unas 18.400 personas hayan sido objeto de desplazamientos colectivos y 19.000 de desplazamientos individuales, el 71 % en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia y Norte de Santander.

“Me sumo a la sociedad, al Gobierno y a los actores políticos colombianos para condenar enérgicamente los múltiples asesinatos que han tenido lugar en los últimos meses, incluidos los de niños, niñas y jóvenes, e insto a las autoridades a que lleven rápidamente ante la justicia a las personas responsables”, expresa el titular de la ONU en el informe.

 

Misión de Verificación de la ONU La Misión de Verificación de la ONU ha seguido con su trabajo a pesar de la pandemia de COVID-19

Asesinatos de excombatientes

El documento también resalta que la violencia incesante contra excombatientes sigue afectando la consolidación de la paz. La Misión verificó 19 asesinatos de excombatientes en el último trimestre, para un total de 50 en 2020. Desde la firma del Acuerdo, se han verificado un total de 297 ataques contra exmiembros de las FARC-EP, incluidos 224 asesinatos 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio.

En respuesta a estos ataques, en julio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a varias instituciones estatales tomar medidas de protección para exmiembros de las FARC-EP.

“Es esencial trabajar con comunidades y diseñar medidas de seguridad eficaces y avanzar en mejorar la protección de excombatientes, que siguen siendo asesinados. Seguir luchando contra la impunidad de esos delitos, inclusive llevando a los autores intelectuales ante la justicia”, afirmó el jefe de la Misión de Verificación.

El informe resalta la aprobación por parte de la Unidad Nacional de Protección de 94 medidas urgentes de protección para excombatientes. No obstante, según datos oficiales, 19 excombatientes han sido asesinados en los últimos cuatro años mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección.

Guterres menciona la importancia de que la Unidad cuente con suficientes recursos para que pueda tramitar las más de 400 solicitudes de protección pendientes. También señala la importancia de que las mujeres excombatientes tengan acceso adecuado a los esquemas de protección.

“Quiero reiterar las necesidades de más de 9000 excombatientes que viven fuera de los Espacios de Reincorporación. Confío en que el Gobierno y las FARC acuerden un enfoque conjunto sobre la forma de prestar el apoyo adecuado”, agregó Massieu.

 

ONU Colombia / Edith Girval Dos niños juegan en un garaje en Bogotá, Colombia

El proceso de justicia

El informe recalca que la reciente declaración de los dirigentes de las antiguas FARC-EP pidiendo perdón y comprometiéndose a contribuir plenamente a la verdad es un paso positivo hacia el cumplimiento de los compromisos de justicia, verdad y reconciliación que el Acuerdo Final prevé y que la sociedad colombiana espera.

“Confío en que estas declaraciones irán seguidas de otros gestos de esos dirigentes y de otras personas dispuestas a cumplir la parte que les corresponde en esta labor”, asegura Guterres.

El texto asegura que respetar los derechos de las víctimas a la verdad y a una reparación efectiva es responsabilidad de quienes participaron en el conflicto e insta a las partes a que contribuyan plena y significativamente a la verdad y reconozcan sus responsabilidades.

“La Justicia transicional gana impulso a medida que los componentes del Sistema Integral llevan a cabo su labor. Es fundamental brindarle apoyo, incluyendo el respeto de autonomía e independencia, cooperación de todos los actores, y participación de quienes hicieron parte de conflicto”, agregó Massieu durante su presentación al Consejo.

 

PNUD
En el departamento del Tolima en Colombia, campesinos utilizan equipos de protección personal contra el COVID-19.

El COVID-19

El jefe de la Misión de verificación reiteró el llamado de Secretario General a todos los actores en Colombia para que consideren la implementación de Acuerdo de Paz como una parte esencial de recuperación de los efectos de la pandemia, y que aprovechen sus herramientas para atender los desafíos asociados a la crisis.

En el informe se detalla cómo a medida que el país siga haciendo frente a las consecuencias económicas y sociales, será esencial llevar desarrollo y renovadas oportunidades, mayor seguridad y una presencia integrada del Estado a las zonas rurales de Colombia que sufrieron el conflicto y que ahora sufren los efectos de la pandemia. El Acuerdo Final ofrece herramientas y mecanismos para abordar cada uno de estos temas, asegura Guterres.

“En 4 años ha habido logros innegables, pero aún quedan retos. El compromiso constante de las partes con la implementación del Acuerdo, así como la participación activa de entidades y sociedad civil garantizará que sea posible seguir construyendo sobre logros y que estos sean sostenibles”, afirmó Massieu ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad, y Claudia Blum, la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, invitada a la reunión.

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