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Bojayá, faro de la reincorporación con enfoque étnico y comunitario

  • Posted by: CinuCOL2018

Desde hoy, a los excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación en el río Bojayá ya tenemos que empezar a dejar de llamarles así. Ahora son parte de la comunidad, no están por fuera de ella”.
Así cerraba Eimy Allín, directiva de la zona 8 de COCOMACIA, un acto de reconciliación con enfoque étnico y comunitario entre los Consejos Comunitarios del río Bojayá, y los excombatientes que realizan su reincorporación en la zona. El evento, que tuvo lugar en la Loma de Bojayá el 12 de noviembre, estuvo impulsado por la oficina de la Misión de Verificación de la ONU en Quibdó, por la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y por la Comisión Interétnica para la Verdad del Pacífico (CIVP).


Desde que un grupo de 11 exintegrantes del Frente 57 llegara del antiguo ETCR de Brisas a orillas de este río, su integración en las comunidades había sido positiva: se casaron, formaron sus familias, crearon vínculos con sus vecinos, y, dentro de la penuria del medio rural chocoano, marcado por la pobreza, la inseguridad, y la falta de servicios básicos, sacaron adelante sus proyectos de vida. La tienda de víveres de Jesús en Playa Cuia; los plátanos y la palma de Luis Alfredo en Piedra Candela; la ganadería de José Agustín en Loma de Bojayá. Conviene tener un lugar a donde ir, y ellos lo encontraron aquí.

Con su integración social en progreso constante, sin embargo, faltaba algo más. Algo que formalizara su pertenencia a las comunidades que les habían acogido, dada su condición de no nativos del río Bojayá, y de su pasado en las FARC-EP. Esto pasaba por COCOMACIA y los Consejos Comunitarios.

 

Una bienvenida formal

Bojayá es uno de los ocho municipios, entre el Chocó y Antioquia, que forman parte del territorio de COCOMACIA, organización étnico territorial en la región del Medio Atrato (Chocó). Como autoridad étnica del territorio, que emana de la Ley 70 de 1993 y se transfiere a los respectivos Consejos Comunitarios como autoridad a nivel local, la formalización de la presencia de los excombatientes requería de un acercamiento oficial entre las partes.

Un diálogo que permitiera a los recién llegados conocer los reglamentos comunitarios y comprometerse con ellos, y que les brindara los derechos de ser miembros de la comunidad. Entre ellos, poder contar con tierras para cultivo y pasto, pues las casi 800.000 hectáreas del territorio de influencia de COCOMACIA son de titularidad colectiva. Esto significa que el acceso a la tierra está reservado, a través de la autoridad étnica, a nativos del territorio; hasta el momento, los excombatientes prosperaban gracias a la generosidad de vecinos, o al acceso a través de tierras de sus esposas. En otras palabras, su reincorporación económica estaba a merced de cualquier vaivén.

En un plano más simbólico, este proceso también implicaba un nuevo apuntalamiento en la relación entre COCOMACIA y el colectivo FARC, dos organizaciones que durante la guerra habían mantenido grandes debates ideológicos y políticos sobre la pertinencia o no de la lucha armada. Más todavía en un territorio del peso de Bojayá.

 

Desde La Habana hasta La Loma

Esta complejidad, junto con la importancia de asegurar que cada paso dado fortaleciera la comunidad y la reconciliación, hizo que el proceso fuera largo. La iniciativa, de hecho, tomó cuerpo ya durante la negociación del Acuerdo de Paz en La Habana, con un encuentro entre dirigentes de FARC y líderes de las víctimas del conflicto de Bojayá.

Uno de estos líderes, Leyner Palacios, retomó desde febrero de 2019 la idea de dar forma a los diálogos, acercándose a la UNVMC y a la OACNUDH, que iniciaron una ronda de reuniones apoyadas por la Diócesis de Quibdó, con COCOMACIA, el colectivo excombatiente en Bojayá, los Consejos Comunitarios de las seis comunidades sobre el río, o la CIVP. Un trabajo para escuchar todas las opiniones, anotar todos los temores, aprovechar todas las ideas, y hacer partícipes a todos los involucrados; tanto en Quibdó, como en largos desplazamientos al terreno, liderados por la UNVMC.


El resultado fue la creación del documento “Lineamientos de procesos de reincorporación organizativa y territorial de excombatientes en tierras de comunidades negras pertenecientes a COCOMACIA”. En él se establecían los compromisos de las partes, los términos en la cesión de tierras o en los procesos participativos, y la implementación del Acuerdo de Paz como marco político del proceso de reconciliación. Sólo quedaba su rúbrica, lo que tuvo lugar el 12 de noviembre pasado en la Loma de Bojayá, en presencia, entre otros, de la Embajada de Noruega, la OACP, la ARN o la Mesa Indígena.

 

Un fortalecimiento integral

El cierre de este proceso, sin embargo, no marca su conclusión. Al contrario, quiere ser una inflexión en la reincorporación en comunidades afro e indígenas del Pacífico colombiano. A partir de la experiencia de Bojayá, tantas veces ejemplo de lo más doloroso, tantas veces ejemplo de la fuerza comunitaria, se aspira a reproducir iniciativas similares, que sirvan para fortalecer la articulación comunitaria ante las adversidades. El mejor ejemplo son los mecanismos de autoprotección, a los cuales los firmantes del acuerdo de la Loma quedaron formalmente acogidos.

Esta última cuestión, por desgracia, no es menor. Las dinámicas de seguridad en el medio y bajo Atrato no son las que había hace 15 años, gracias en buena medida a la firma del Acuerdo de La Habana y los dividendos de paz que ha traído a los territorios. Sin embargo, la presencia de grupos armados no ha desaparecido, y el vacío dejado por las FARC-EP ha sido llenado progresivamente. Hoy ese espacio se disputa entre otros actores ilegales. En medio, como siempre, quedan las comunidades.

Los últimos meses han estado marcados por un incremento de los enfrentamientos en ríos cercanos al Bojayá, con población desplazada a las cabeceras municipales, y comunidades enteras confinadas; en particular entre la población de los resguardos indígenas. “Les agradecemos esta oportunidad, y les pedimos que nos sigan apoyando y que sigamos todos juntos, como comunidad”, resumió Luis Ángel Mosquera, excombatiente residente en la comunidad de Piedra Candela, ante la situación.

La respuesta llegó del padre Jesús Albeiro, representante de la CIPV y líder social en temas de protección de las comunidades llegado al Chocó hace 32 años. “La unión y el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios es clave para resistir. Por eso el día de hoy es un momento histórico para Colombia, y por eso tiene que ser replicado en otras partes. Nos quieren divididos, porque con todos juntos no pueden”.


Albert Lladó Romero
Oficial de Enlace – Regional Quibdó
Misión de Verificación de la ONU en Colombia

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