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Declaración ante el Consejo de Seguridad de Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia 21-01-21

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Declaración ante el Consejo de Seguridad de Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia

 

Sr. Presidente,

Gracias por la oportunidad de presentar el último informe del Secretario General sobre Colombia y de informar al Consejo sobre el avance de los acontecimientos desde la publicación del informe. Acojo con beneplácito la participación de la Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum y le agradezco una vez más su apoyo a la Misión de Verificación.

 

Sr. Presidente, Distinguidos Miembros del Consejo,

En los cuatro años que han transcurrido desde la firma del Acuerdo Final de Paz se han observado notables avances en el camino de Colombia hacia una paz sostenible y duradera, aún frente a arduos desafíos, incluyendo el de la pandemia COVID-19.  Las oportunidades de paz y desarrollo de las que disfrutan hoy los colombianos y colombianas habrían parecido impensables hace tan sólo una década, cuando el conflicto entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado aún seguía causando estragos. Los colombianos y colombianas de las zonas rurales, que fueron los más afectados por el conflicto, están empezando a ver un aumento de la inversión y la presencia del Estado en sus comunidades; la sociedad colombiana está asimilando su pasado a través de un sistema de justicia transicional centrado en las víctimas; y miles de hombres y mujeres que estaban alzados en armas hace cinco años están ahora construyendo una vida mejor para sí mismos y sus familias, de la mano con comunidades locales.

El mérito de estos avances se debe al cumplimiento de los compromisos asumidos por las dos partes en el Acuerdo de Paz, a los esfuerzos que junto a las partes realizan las instituciones y la sociedad civil colombiana, así como al apoyo de la comunidad internacional.

El 2021 es el quinto año del horizonte de 15 años previsto para la implementación del Acuerdo de Paz en su totalidad. Es preciso garantizar que el 2021 sea recordado como el año en el cual se dieron pasos decididos para materializar plenamente la promesa de paz sostenible consagrada en el Acuerdo. Insto a ambas partes y a todos los actores en Colombia a que trabajen juntos para proteger los logros alcanzados hasta ahora y para acelerar el avance en los asuntos pendientes, especialmente las cinco prioridades señaladas en el reporte del Secretario General.

 

Sr. Presidente:

La violencia contra excombatientes, líderes y lideresas sociales, defensores(as) de derechos humanos y comunidades sigue siendo la amenaza más seria a la construcción de la paz en Colombia. Si bien se han tomado múltiples medidas para tratar de abordar esta violencia, cada asesinato es un golpe trágico a la paz, y un llamado para garantizar que las medidas de seguridad tomadas por las autoridades se traduzcan en resultados efectivos en los territorios.

Desde la publicación del informe del Secretario General, han sido asesinados otros cuatro excombatientes, lo que eleva a un total de 252 desde la firma del Acuerdo de Paz. Entre las víctimas se encuentra la ex combatiente Yolanda Zabala, de 22 años, quien fue asesinada con disparos junto con su hermana de 17 años en el departamento de Antioquia el 1 de enero.

Líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como miembros de partidos políticos también siguen siendo, lamentablemente, víctimas. El 24 de diciembre fue asesinado Alejandro Pérez, concejal del Partido Conservador en el departamento de Córdoba. Su asesinato demuestra una vez más la necesidad de adoptar medidas de protección para miembros de todos los partidos políticos. Y el 11 de enero, Gonzalo Cardona, defensor de la protección de especies en peligro de extinción en el departamento de Tolima, fue encontrado muerto. Su asesinato pone de manifiesto el peligro al que se enfrentan los líderes y lideresas medioambientales en todo el país.

Algunos pasos positivos se han dado durante las últimas semanas. El 5 de enero, la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció medidas para mejorar la protección de las mujeres que integran la Instancia Especial de Género, tras las amenazas denunciadas contra diez de sus dieciséis miembros. El 12 de enero, el Gobierno y el Equipo de País de las Naciones Unidas en Colombia anunciaron conjuntamente una inversión de 11 mil millones de pesos del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para apoyar la prevención y la protección colectiva de excombatientes, líderes(as) sociales, defensores(as) de los derechos humanos y dirigentes de los programas de sustitución de cultivos ilícitos en tres regiones prioritarias: Chocó, la costa pacífica de Nariño y el Catatumbo en Norte de Santander.

El Secretario General ha advertido reiteradamente en sus informes sobre las consecuencias de los continuos déficits presupuestarios de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, una Unidad que provee esquemas de protección colectiva e individual para excombatientes. Todavía permanecen más de 550 vacantes para guardaespaldas y más de 1.000 solicitudes de protección personal siguen pendientes de revisión. Se debe dar prioridad a esta situación, ya que tiene consecuencias directas para la seguridad de las y los excombatientes. También es importante asegurar que las mujeres excombatientes tengan igual acceso a medidas de protección.

 

Sr. Presidente,

Llevar a la justicia a los responsables de estos crímenes también es crucial. En este sentido, sigue siendo esencial apoyar la labor de la Unidad Especial de Investigación en la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos. También es importante fortalecer la capacidad judicial local, incluyendo mediante jueces regionales especializados en este tipo de delitos.

Hace dos semanas, cuatro de los siete individuos arrestados por el asesinato de Alexander Parra, líder y ex miembro de las FARC-EP, fueron puestos en libertad luego de que se vencieron los términos legales para iniciar el juicio después de la acusación, según la legislación colombiana. El asesinato del Sr. Parra en octubre de 2019 fue especialmente notorio debido a su liderazgo en el proceso de reincorporación y porque es uno de los dos únicos asesinatos que han ocurrido en un antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación. Aunque el juicio continúa, la puesta en libertad de las personas por razones procedimentales ha suscitado preocupaciones y llamados para un análisis exhaustivo de lo ocurrido y de la forma en que pueden evitarse este tipo de circunstancias en el futuro.

Dados los numerosos asesinatos de excombatientes que son reportados en las nuevas áreas de reincorporación o cerca de ellas, es clave desarrollar una estrategia focalizada para proporcionar seguridad alrededor de estas, así como de las comunidades cercanas

 

Señor Presidente:

En cuanto a la segunda prioridad -la sostenibilidad del proceso de reincorporación- han ocurrido avances prometedores desde la reunión del Presidente Duque en noviembre con excombatientes que marcharon desde todo el país hacia Bogotá en la Peregrinación por la Vida y la Paz. Además de los terrenos comprados para el antiguo ETCR en Dabeiba, anunciados por el Presidente Duque en diciembre, el Gobierno ha informado de que a mediados de febrero se comprarán terrenos para otros cinco antiguos ETCR. Recientemente, a través de un esfuerzo conjunto de instituciones a todos los niveles, se otorgó un terreno a 300 excombatientes en el departamento del Huila para llevar a cabo proyectos de ganadería y otros proyectos productivos. Confío en que este impulso continúe, incluyendo mediante el uso efectivo de las diferentes vías de concesión de tierras para excombatientes, y avances en la formalización de los antiguos ETCR restantes, en estrecha consulta con las y los excombatientes.

También espero que las próximas sesiones territoriales del Consejo Nacional de Reincorporación en varios departamentos, acordadas por el Presidente Duque y excombatientes en su reunión, lleven a avances en asegurar que las y los excombatientes dentro y fuera de los antiguos ETCR reciban el mismo nivel de apoyo institucional y oportunidades productivas.

Como informó el Secretario General, varios antiguos ETCR, nuevas áreas de reincorporación y proyectos productivos de excombatientes han tenido que trasladarse o están pendientes de traslado debido a las amenazas de grupos armados ilegales. Es fundamental que esos traslados se realicen de manera organizada para garantizar que las condiciones en los nuevos lugares sean aptas para que las y los excombatientes se reubiquen. Además, insto a los gobiernos nacional y locales a que garanticen que las comunidades que permanecen en las antiguas localidades sigan recibiendo apoyo institucional.

Esto me lleva a la tercera prioridad señalada por el Secretario General: consolidar la presencia integral del Estado en las zonas afectadas por el conflicto. Para los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales que se han beneficiado de la limitada presencia del Estado, la implementación del Acuerdo de Paz representa una amenaza para sus actividades delictivas. Estos grupos y organizaciones están decididos a expulsar a las instituciones del Estado y eliminar las voces de líderes y lideresas sociales mediante la violencia y la intimidación. No se les puede permitir que tengan éxito. Las autoridades deben mantenerse firmes en la implementación continua de instrumentos como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. La consolidación de la presencia institucional, el fortalecimiento de los mecanismos locales de protección y solución de conflictos, y la oferta de oportunidades económicas lícitas a las poblaciones vulnerables son la defensa más fuerte contra los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales.

 

Sr. Presidente:

El diálogo sostenido entre las partes es fundamental para la implementación de todos los aspectos del Acuerdo de Paz, por lo que el fortalecimiento del diálogo es la cuarta prioridad mencionada en el informe del Secretario General. Celebro la decisión de las partes de prorrogar el mandato de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI), y las insto a que hagan un mayor uso de la CSIVI este año, incluyendo con el apoyo de los países garantes, para resolver sus diferencias y encontrar soluciones mutuamente aceptables a los desafíos de la implementación. Además, insto a las partes a que no escatimen esfuerzos para trabajar conjuntamente, incluso a través del mecanismo tripartito con la Misión de la ONU, en asuntos relacionados con los bienes de las antiguas FARC-EP, teniendo en cuenta que el objetivo final en este proceso es contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto.

 

Señor Presidente:

La última prioridad establecida por el Secretario General es seguir sentando las bases para la reconciliación en todo el país. Las víctimas y la sociedad colombiana en general estarán mirando con gran expectativa este año al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dado que la Jurisdicción Especial para la Paz va a dictar las primeras sanciones, el trabajo continuo de la Comisión de la Verdad en apoyo a los esfuerzos de reconciliación y avanzando en su informe final, y la Unidad Especial de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas seguirá avanzando en su trabajo. Hace unas semanas, gracias a los testimonios de las partes en conflicto, la participación de las víctimas y una fuerte coordinación interinstitucional, la Unidad Especial de Búsqueda encontró con vida, y luego facilitó la reunión, de una madre y una hija que fueron declaradas desaparecidas hace 17 años. Esta inspiradora historia es uno de los muchos ejemplos de los resultados del trabajo del Sistema Integral y demuestra por qué es tan importante que todos los actores presten su pleno apoyo a las tres entidades del Sistema, y que todos los actores que participaron en el conflicto contribuyan plenamente a la verdad y emprendan acciones de reparación para las víctimas.

 

Sr. Presidente, Distinguidos miembros del Consejo:

Para concluir, el respaldo firme de este Consejo y de la comunidad internacional sigue siendo uno de los factores clave que permite a Colombia seguir siendo una fuente de esperanza e inspiración para la resolución pacífica de conflictos en todo el mundo. Su apoyo unánime e inequívoco seguirá siendo esencial mientras las y los colombianos continúen perseverando en la plena implementación de su histórico Acuerdo de Paz.

 

Gracias, Sr. Presidente.

 

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Descargue el Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2020/1301

Descargue infografía sobre el Informe del Secretario General en cifras.

 

 

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