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Con voz y venta pequeños y medianos productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria serán proveedores en programas de compras públicas

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Campesinos/as colombianos celebran la sanción de la Ley 2046 de 2020, con la que se abrirán oportunidades de nuevos mercados.

Luego de un proceso de construcción conjunta y tras cursar la debida revisión, el proyecto de Ley aprobado por unanimidad en la Comisión V del Senado el pasado 9 de junio de 2020, fue sancionado como Ley de la República de Colombia este 6 de agosto.

La noticia esperada por los campesinos, agricultores familiares y pequeños productores agropecuarios ha sido motivo de celebración, no solo por el reconocimiento a su labor, sino porque, a partir de ahora, será exigencia que los programas institucionales les compren al menos el 30 por ciento de los alimentos que estos demandan.

En medio de las delicadas consecuencias que ha traído la crisis generada por la pandemia del Covid-19, surge a nivel legal una oportunidad para la reactivación económica de uno de los sectores económicos y sociales más importantes: el de la producción y el abastecimiento alimentario.

La Ley 2046, sancionada por el señor Presidente, Iván Duque Márquez, el 6 de agosto de 2020, “establece mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos“.

“Hoy marca un hito nuestro país en la política rural, en la política de desarrollo del campo, porque hoy los pequeños productores, los productores comunitarios, los productores cooperativos reciben por la puerta grande un anhelo de años y es la participación activa y efectiva en el sistema de compras públicas”, dijo el Mandatario durante el acto de sanción de la Ley.

 

Aspectos destacados que contempla la Ley 2046 del 6 de agosto de 2020

Esta comprende varios beneficios económicos, organizacionales y nutricionales, dentro los que se destacan:

En adelante los programas públicos que incluyen la compra de alimentos tendrán la obligación de adquirir localmente al menos el 30 por ciento de esta demanda de forma directa a los pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria (ACFC) locales y sus organizaciones.

Los pagos por estas compras deberán realizarse contra entrega del producto. Un aspecto de alta relevancia, pues campesinos y productores agropecuarios no tendrán que esperar los 30 días hábiles que normalmente establecen las compras públicas, viabilizando que el flujo de caja se mantenga activo y con ello también su motivación como proveedores de estos programas.

La creación legal de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales es otro de los puntos contemplados en la Ley. Esta instancia, que ha venido en funcionamiento desde 2016, y que surgió como un espacio de articulación institucional voluntario, será ahora reconocida como ente encargado del diseño de políticas, lineamientos, guías, estrategias y seguimiento, así como de la inclusión de productos agropecuarios en los menús institucionales, sus preparaciones y frecuencias.

Asimismo, establece la creación de un sistema de información de compras públicas locales de alimentos, articulado con la plataforma Colombia Compra Eficiente, que incluirá indicadores como: el registro de agricultores campesinos, familiares y comunitarios y sus organizaciones; la demanda de alimentos requerida mensualmente por las entidades públicas; la evolución histórica de los precios; y las compras públicas locales de alimentos realizadas, entre otros.

Dicha información, además de convertirse en una herramienta de seguimiento, articulará a todos los actores involucrados en estos esquemas y permitirá también la preparación de informes anuales que deberán ser presentados al Congreso de la República.

Poner en funcionamiento la Ley 2046 va a requerir del fortalecimiento y formación a funcionarios de Alcaldías, Gobernaciones y participantes de los espacios territoriales de articulación definidos por la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, así como a pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria.

Dicho proceso ya ha sido adelantado por la instancia departamental de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales, que a la fecha ya se ha instalado en los 32 departamentos del país, y que será oficializada con la legalización de la Mesa Nacional.

Vale la pena destacar que, dentro de los artículos contemplados por la Ley, se encuentra la obligación estatal de diseñar minutas alimentarias y menús con enfoque territorial, conforme a los hábitos alimenticios de la población (Artículo 8). Medida que busca mejorar las condiciones nutricionales de los beneficiarios de los programas institucionales, a la vez que promueve la agricultura local y su fortalecimiento económico, así como la reducción en la pérdida de alimentos, entre otros.

 

 

¿Cómo fue construida y por qué es necesario tener una ley de compras públicas locales?

La inclusión de la Agricultura Familiar en los Sistemas de Compras Públicas de Alimentos se ha convertido en América Latina y el Caribe en una de las estrategias más prometedoras en la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional y la superación de la pobreza rural por su integralidad, pues representa un círculo virtuoso entre la agricultura familiar, los mercados locales, los programas de asistencia del gobierno y los consumidores.

Así, sumando las necesidades nutricionales, el potencial productivo de Colombia y la urgencia de encontrar mecanismos que favorezcan la economía de la población rural, el país encuentra el escenario ideal para articular necesidades con las potencialidades, en procura de dos elementos esenciales: mejorar la nutrición de su población y la reactivación económica del sector agropecuario centrado en quienes producen al menos el 70 por ciento de los alimentos que consumimos, los pequeños productores de la agricultura familiar.

 

 

Ante este escenario, desde el 2016, con el apoyo de la FAO a través del programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO y del Programa Mesoamérica Sin Hambre, apoyado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se ha promovido en Colombia, junto a entidades de gobierno de orden departamental y local, la asistencia técnica para la implementación de la estrategia de compras públicas locales a la agricultura familiar.

Fruto de estas experiencias, en las que participaron entidades de gobierno nacional que tienen a su cargo la demanda de alimentos como el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Ejército Nacional; y en conexión con la oferta de productores de alimentos a cargo de entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural, la RAPE Región Central, secretarías de agricultura y desarrollo económico departamentales, entre otros, con apoyo permanente de entidades encargadas de la promoción de la asociatividad para el fortalecimiento del sector agropecuario como la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), y de entidades encargadas de la vigilancia y cumplimiento de requisitos sanitarios (INVIMA), se consolidó la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas.

A través de este espacio intersectorial, al que se sumaron más de 30 instituciones, organizaciones campesinas y de sociedad civil, academia y agencias de cooperación internacional, entre 2016 y 2018, hizo presencia institucional en 17 departamentos, completando su instalación departamental en toda la nación a inicios del 2020.

Pese a no estar constituida como instancia formal, dio paso al desarrollo de varios ciclos de ruedas negocios, con las que logró que 603 operadores de programas institucionales (ICBF, USPEC, PAE) compraran a 592 organizaciones de productores locales agropecuarios alimentos para su abastecimiento, por un valor de 10.165 millones de pesos colombianos.

Paralelamente, y ante los exitosos resultados en las ruedas de negocios, participantes de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas, en coordinación con el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH), el 5 de septiembre de 2019, congresistas de distintos partidos políticos que hacen parte de la red del FPH, como los congresistas Silvio Carrasquilla en calidad de autor, los ponentes y conciliadores Flora Perdomo Andrade, Guillermo García Realpe, Sandra Ortiz Novoa, Maritza Martínez Aristizabal, Miguel Ángel Barreto y Rubén Darío Molano y el Presidente de Senado Lidio García Turbay, radicaron el proyecto de ley.

Como parte del proceso de construcción y validación de la propuesta, participantes del FPH y de la Mesa Técnica, con el acompañamiento técnico-legislativo de la FAO, realizaron varias jornadas académicas, audiencias públicas y foros a nivel nacional y local, con el objetivo de socializar la iniciativa, de establecer consenso en su articulado y de fortalecerla para que esta fuese una ley que le sirviera al sector rural en su lucha por la erradicación de la pobreza y en la garantía progresiva del derecho a la alimentación.

 

Algunas cifras

Según estimaciones de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales, previo análisis de solo tres de los programas institucionales a nivel nacional: el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Atención a Primera Infancia (ICBF) y atención carcelaria (USPEC), encontró que el Estado colombiano destina aproximadamente $2.5 billones de pesos colombianos al año, para la compra de alimentos, y a pesar de que gran parte de la demanda requerida es producida por la agricultura familiar, por campesinos y pequeños productores locales, los contratistas acuden a intermediarios para comprar los alimentos e inclusive a las grandes centrales de abastecimiento, lo que dificulta que las ganancias económicas que se debieran ver retribuidas en el campo, se queden en las grandes cadenas de intermediación comercial, ahondando las cifras de pobreza rural y las brechas de desigualdad urbano-rural.

Del 100 por ciento de los alimentos requeridos, el 63 por ciento son comprados en municipios y departamentos externos y lejanos de la zona geográfica en donde son requeridos, y solo un 37 por ciento son comprados en el mismo lugar en donde se producen.

La oportunidad de participar en las compras públicas de alimentos a un gran volumen brinda herramientas para facilitar el mejoramiento de los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de los pequeños agricultores.

“Esperamos que esta Ley contribuya a la garantía de una alimentación adecuada de niños, niñas y adolescentes, mediante la entrega de alimentos frescos, en condiciones de calidad, inocuidad y oportunidad, así como la mejora nutricional de los beneficiarios de los programas institucionales y la condiciones económicas y nutricionales de los campesinos” afirmó Alan Bojanic, Representante de la FAO en Colombia.

 

 

Vea la transmisión del evento de sanción de la Ley

 

Lecturas recomendadas:

 

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